Habría que ver cuántas empresas estarían dispuestas, y para cuántos trabajadores, ante el coste salarial que supondría.
Con la medida se eliminaría la libertad del trabajador para elegir cuánto y sobre todo a qué Plan aportar para seguir su propia estrategia en función de su edad, aversión al riesgo o resto de circunstancias personales y patrimoniales.
El incentivo a los Planes de Empresa no tiene por qué ser sustitutivo del ahorro individual privado, y por tanto no debería penalizarse ese sistema.
¿Qué alternativa quedaría a los más de 3 millones de autónomos?
Si se elimina la ventaja fiscal de la deducción de las aportaciones, los Planes perderían su único atractivo y por tanto su razón de existir. A los ahorradores, en ese caso, sólo les quedarían los Fondos de Inversión como vehículos eficientes de acumulación a largo plazo.
Cualquier medida debería ir orientada a incrementar incentivos COMPLEMENTARIOS de ahorro a largo plazo, pero nunca crear unos alicientes a costa de otros.
El modelo inglés/holandés podría ser buena forma de complementariedad.
Sobre retrasar la edad legal o la edad voluntaria de jubilación, puede que sea forzoso de acuerdo con la insostenibilidad de las pensiones públicas y el alargamiento de la edad productiva y la esperanza de vida de las personas.
Cuando se ideó el sistema público actual, la esperanza de vida eran 62 años, y 69 cuando se puso en marcha. Hoy se acerca a los 85 años.
Actualmente hay alrededor de un 30% de pensionistas sobre el total de población cotizante. En un par de décadas habrá alrededor de 70 personas jubiladas por cada 100 trabajando.
Las medidas del gobierno deben fomentar urgentemente la natalidad y el empleo para contener ese envejecimiento.
Es importantísimo fomentar el ahorro privado para la jubilación.