El reciente aumento de la rentabilidad exigida a los bonos a largo plazo es un aviso de que los bancos centrales globales están perdiendo confianza en los emisores soberanos de los países desarrollados, ya que la solvencia de los gobiernos se debilita. Años de gasto excesivo y deuda descontrolada han llevado a una crisis fiscal con una situación insostenible y la excusa de subir impuestos ya no funciona.
En los últimos meses, hemos visto una disminución gradual de la demanda global de deuda soberana de economías desarrolladas, especialmente Japón, EE.UU., los países miembros de la Unión Europea y el Reino Unido. Muchos bancos centrales globales ya no perciben estos bonos como activos de reserva de bajo riesgo, y están sustituyendo en sus activos bonos por oro. La última subasta de deuda soberana japonesa registró la menor demanda de inversores desde 1987, según Bloomberg, y los rendimientos a treinta años alcanzaron máximos históricos.
Las señales de advertencia han sido claras durante años. Bancos centrales como el BCE y la Reserva Federal han publicado cuantiosas pérdidas durante tres años consecutivos y, además, muchos bancos centrales globales están abandonando la deuda soberana como activo de reserva y comprando cantidades récord de oro.
Las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas ahora son generalizadas. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo ignoran estas señales de alarma y continúan aumentando el gasto y acumulando deuda. Con ello, saltan las dudas sobre su capacidad de controlar las finanzas públicas cuando el gasto nunca se reduce, ni siquiera después de eventos extraordinarios como la COVID-19. Los gobiernos globales han abandonado su papel de administradores de recursos escasos para convertirse en máquinas de gasto que recurren constantemente a subidas de impuestos para intentar disfrazar sus problemas fiscales.
Podemos destacar tres límites que alertan sobre el riesgo en la sostenibilidad de la deuda: superar el límite fiscal, sobrepasar el límite económico y, finalmente, cruzar el límite inflacionario. El límite fiscal representa la máxima proporción de deuda respecto al PIB que un gobierno puede sostener antes de que el mercado pierda confianza en su capacidad para estabilizar las finanzas mediante ajustes tradicionales.
Superar el límite económico lleva a la economía al estancamiento. Altos niveles de deuda del Estado desplazan la inversión privada, aumentan la carga impositiva sobre la economía privada y familias y empresas reducen sus inversiones.
El bajo crecimiento lleva a mayor gasto y deuda, lo que a su vez reprime aún más el crecimiento productivo. La etapa final ocurre cuando los gobiernos, habiendo agotado el margen fiscal y económico, cruzan el límite inflacionario.
La inflación, consecuencia directa de una deuda pública insostenible, actúa como una inflación por deuda del Estado a cámara lenta; es la manifestación de la erosión del poder adquisitivo. El gasto deficitario persistente y los altos niveles de deuda socavan la credibilidad de la política monetaria, especialmente cuando los bancos centrales priorizan el apoyo a la deuda soberana sobre el control de las presiones inflacionarias. La volatilidad es una respuesta racional al deterioro de los fundamentos fiscales, el estancamiento económico y las presiones inflacionarias. Los inversores simplemente exigen una mayor compensación por los riesgos que ahora enfrentan.
La única solución es aplicar una política fiscal responsable que reduzca el gasto político excesivo y volver a una política fiscal prudente. Sin una acción creíble para restaurar la disciplina presupuestaria y promover el crecimiento, el ciclo de aumento de la deuda, estancamiento e inflación continuará. La probabilidad de una crisis de deuda es todavía más que remota. Sin embargo, estos factores nos muestran que los países desarrollados deben reducir el gasto, ya que las subidas de impuestos no funcionan, como ya se ha demostrado.
Economista jefe de Tressis
Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión.
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