La reunión del G20 en Buenos Aires tenía un objetivo primordial: alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y China.
El acuerdo anunciado es más una “tregua diplomática” que un acuerdo. Estados Unidos se compromete a retrasar las tarifas contra China que entrarían en vigor el uno de enero de 2019 y China se compromete a comprar más productos agrícolas y energéticos (GNL, gas natural licuado) además de prometer avanzar en seguridad jurídica, cumplimiento de contratos, apertura del mercado de capitales y protección de la propiedad intelectual.
Cuando hablamos de guerra comercial como si fuera nueva, cometemos un error de diagnóstico. Llevamos años de guerra comercial. Estados Unidos lleva denunciando las barreras comerciales impuestas por China y otros países de manera directa e indirecta desde hace años, con una Organización Mundial del Comercio que no hacía nada al respecto.
Estados Unidos actuaba de manera equivocada, y entre 2009 y 2016 introdujo más medidas proteccionistas que ningún otro país del G-20. La Organización Mundial del Comercio alertó en varias ocasiones, antes de que llegase la nueva Administración con Trump, del aumento del proteccionismo desde 2011.
China necesita mucho más el superávit comercial con Estados Unidos para mantener su crecimiento extremadamente endeudado que Estados Unidos las compras de deuda por parte de China.
China no es el principal comprador de bonos de Estados Unidos (es el mayor comprador extranjero, pero los mayores tenedores son norteamericanos en su amplia mayoría, más del 60%). Estados Unidos puede garantizar la demanda para sus emisiones de deuda incluso si China vende. Desde las elecciones, China ha visto sus reservas de moneda extranjera caer.
Las reservas de moneda extranjera de China cayeron en octubre al nivel más bajo en 18 meses. Una reducción de 33.900 millones de dólares en octubre, la mayor desde diciembre de 2016 y el nivel más bajo desde abril de 2017.
China no puede mantener su crecimiento —basado en una enorme burbuja de deuda— si sus exportaciones caen. Y su superávit comercial con Estados Unidos es ya superior a 300.000 millones de dólares anuales.
Una caída del crecimiento de las exportaciones de China supondría un desplome de las reservas en moneda extranjera. Dichas reservas han caído un 30% desde los máximos de 2014.
Un desplome en las reservas de moneda extranjera acentúa la fuga de capitales que ya se está dando, lo que llevaría a aumentar los controles de capitales en China y, con ello, tres efectos: una caída del crecimiento, un aumento de la ya alta deuda y el riesgo de una importantísima devaluación del yuan.
Los tres efectos se han dado ya en 2018.
Para China, la guerra comercial es devastadora.
Para Estados Unidos, un país que exporta muy poco (un 11% del PIB), cualquier amenaza que lleve a un acuerdo es buena.
Una guerra comercial en productos tecnológicos, acero y aluminio puede generar un alto sobrecoste a la exploración, las renovables y las tecnológicas. Y eso implica productos más caros, menos consumo y menos empleo. Los aranceles de 2002 de Bush Jr. destruyeron casi 167.000 empleos.
Por lo tanto, el acuerdo anunciado entre EE.UU. y China en el G20 no es más que un «alto el fuego condicional».
China no tiene intención de garantizar la propiedad intelectual y eliminar controles de capitales ni la injerencia entre poder político y jurídico.
El anunciado aumento de compras de China a Estados Unidos supone un impacto muy bajo en el superávit comercial del país asiático. El superávit comercial de China con EE.UU. se ha disparado en 2018 desde 21.900 millones de dólares en enero a 34.100 millones en septiembre.
Si China duplica sus compras de productos agrícolas y energéticos de Estados Unidos —algo muy difícil de conseguir— ese superávit solo bajaría en 3.000 millones de dólares.
Este acuerdo solo supone una pausa, y se recuperarían las tarifas anunciadas si no se cumple. Los aranceles anunciados para el uno de enero se aumentarían a un 25% si China no cumple en 90 días.
Las diferencias en la interpretación del acuerdo entre la administración china y la estadounidense se pueden ver reflejadas en sus comunicados oficiales.
Mientras EE.UU. afirma que China cambiará su política con respecto a propiedad intelectual, control de capitales y seguridad jurídica, China solo dice que “trabajarán juntos”. Mientras EE.UU. afirma que el acuerdo se invalida a los 90 días, China no menciona la fecha límite. Mientras EE.UU. afirma que las compras de productos norteamericanos se aumentarán en sectores específicos, China solo habla de comprar más productos.
Este acuerdo no solo no cambia el tono, sino que es muy similar al supuesto acuerdo alcanzado con China en mayo que quedó en nada. Somos muy cautelosos y preferimos esperar a ver si se refleja en datos económicos reales.
Si China sigue devaluando el yuan e inyectando capital en su sector financiero y empresarial, será una señal de que el acuerdo no tiene credibilidad para el propio Gobierno chino.
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