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La patata, a la pila

La patata, a la pila

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Telón de fondo

Hace mucho tiempo, un pariente lejano mío (pero a cuya familia me siento muy cercano) paseaba por un muelle en compañía de un empresario catalán que se dedicaba al comercio de patatas a granel. A granel y patatas: ya pueden imaginarse ustedes de qué volumen de patatas hablamos: toneladas.

Siguiendo su paseo, llegaron a una zona en la que estaba amontonada una enorme pila de patatas propiedad del empresario, que -creo- iba a ser transportada en un barco de mi lejano pariente, que se dedicaba al transporte marítimo. Según se acercaban, el propietario del cargamento observó que, a unos metros de la inmensa pila de patatas listas para ser embarcadas, se había quedado separada una –una sola– patata. Se acercó, se agachó, la cogió, la tiró a la pila y mirando a mi pariente le dijo con un guiño –y obviamente con acento catalán-: “la patata, a la pila”.

No vean en lo anterior ningún tipo de crítica a la supuesta tacañería del pueblo catalán (en España a veces se llama tacaño al buen administrador, sobre todo si el que hace la crítica es del género despilfarrador). Más bien al contrario, mi mensaje es que ojalá en España se gestionaran sus múltiples y elefantiásicas administraciones (central, locales, autonómicas, diputaciones, y pesebres varios para políticos) con el espíritu innato en aquel empresario.

O al menos con algo de ese espíritu y no con el descontrol que hemos vivido. En otras palabras: si los políticos de todos los colores que nos han gobernado a nivel nacional o autonómico durante los últimos diez años hubieran tenido esa visión de la administración de los bienes ajenos –pues no son de ellos, son del pueblo- como el empresario de mi historia, otro gallo nos hubiera cantado.

Curiosamente, esta semana el prestigioso semanario británico The Economist ha entrado a fondo en este asunto a escala mundial, aunque lo que nuestro empresario fue capaz de resumir en una sola frase ellos lo dicen en siete páginas de un estupendo informe que titulan The $9 Trillion Sale: how governments could cut their debt and improve efficiency by selling assets. Lo que, ‘en tierra de patatas’, se traduciría por La venta de 9 billones (*) de dólares o cómo los gobiernos podrían recortar su deuda y mejorar su eficiencia vendiendo activos.

Según su análisis, el valor de las empresas controladas por los estados de la OCDE es de 2 billones (*) de dólares. Pero si sumamos a esta cifra el valor de las participaciones empresariales minoritarias y el de los activos no financieros -edificios, suelo, subsuelo y recursos naturales– se sumarían 35 billones de dólares. Si eliminamos lo que no se puede ni debe vender -edificios de interés histórico, empresas y recursos estratégicos, etc.– The Economist llega a la conclusión de que se obtendrían 9 billones (*) de dólares, es decir, el equivalente a la quinta parte de la deuda combinada de los países de la OCDE.

No hay nada como llevar años dando la brasa con una idea –exactamente esta, aunque yo siempre me he referido exclusivamente a España–, que te critiquen y te digan que es imposible y de repente, ¡bang!: va y lo dice alguien importante.

Menudo ‘subidón’ esta semana: la señora Lagarde, directora general del FMI, ha dicho más o menos lo mismo que yo decía hace dos años en estas mismas páginas en un artículo titulado “La japonetización de la economía occidental”, y ahora  The Economist publica este informe. Recuerdo otro momento dulce similar, cuando dije que los mercados eran como un concurso de belleza, que no gana la más guapa (en nuestra opinión personal), sino la que más votos tiene. La ortodoxia me tachó de frívolo y esas cosas…., hasta que aclaré que la frase no era mía, sino de Keynes. Se acabó la crítica.

Ojalá en España se gestionaran sus múltiples y elefantiásicas administraciones con el espíritu innato de aquel empresario, o al menos con algo de ese espíritu y no con el descontrol que hemos vivido.

 

Bueno, pues, en esta ocasión, quien apoya mi teoría de que es preferible malvender –supuestamente– la plata, que no las joyas, de la familia que tener un parado más es The Economist (si lo desean tienen a su disposición los artículos en los que he defendido esta opinión, solo tienen que pedírmelos vía Twiter en @AlvargonzalezV). Y no me apoya sólo a mí, por supuesto. Está también apoyando a gente de la valía del profesor David Taguas, el escritor y experto en mercados Daniel Lacalle y a otros que no puedo mencionar porque la lista sería larga.

Aunque no todos tenemos necesariamente la misma orientación en política económica (los hay más liberales y los hay menos), todos coincidimos en lo mismo desde hace mucho tiempo: la solución definitiva a nuestra crisis está en que no sean sólo los ciudadanos quienes se aprieten el cinturón, sino también el Estado, entre otras cosas porque cuando el Estado hace régimen elimina grasa, pero cuando les obliga a hacerlo a ciudadanos y empresas lo que elimina es músculo. Y yo añado, a título personal, que la mejor fórmula –aparte de la reducción del número de políticos, instituciones innecesarias, gastos duplicados, suntuosos y suntuarios– es que el Estado proceda a la venta de sus participaciones accionariales, exceptuando las realmente estratégicas, y al menos una parte de su enorme patrimonio inmobiliario.

Y cuando me dicen que se malvenderían –los bienes inmobiliarios–, siempre pongo el ejemplo de un enorme terreno que conozco muy bien porque está al lado de mi casa, en Puerta de Hierro, en Madrid, que pertenece al ejército. Les garantizo que en la zona a que hago referencia lo más que han bajado solares o inmuebles es un 20% desde máximos, y seguramente me paso. También hay edificios, como el de la Seguridad Social frente al estadio Santiago Bernabéu, etc., etc.

Otro ejemplo que me encanta –o me repugna, según se mire– es el de un ambulatorio de la Seguridad Social –no diré cual porque la gente que allí trabaja es estupenda y no querría molestarles– que ha cambiado recientemente de ubicación a un local propiedad del Estado, lo que significa que antes pagaba un alquiler. Bien, enhorabuena, pero se deduce que teniendo el Estado edificios en propiedad por todos lados, la Seguridad Social ha estado alquilando locales para sus ambulatorios. Y saben otra: que cuando la Administración hace un evento de esos para que los políticos se rodeen de empresarios que les hagan la pelota y masajeen su ego para conseguir contratos, lo hacen alquilando espacios en hoteles de cinco estrellas. Y si no me creen, dense un paseíto una mañana por el lateral del paseo de la Castellana de Madrid y ya verán a que me refiero. Sí, sí: ahí donde se monta el atasco por la acumulación de vehículos oficiales.

Si el gobierno escuchara, que obviamente no escucha, respondería: ¡pero si ya tenemos un plan para reducir gastos y racionalizar la Administración! Vamos a ahorrar 35.000 millones de euros en los próximos años. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? ¿Cómo va? ¿Podrían decirnos cuánto llevan ahorrado? ¿Por qué no empezaron antes? Porque las cifras que yo conozco son ridículas si se comparan con el arreón de impuestos que han metido a ciudadanos (a los de la nómina, que son los que menos se pueden defender), empresas y autónomos.

Porque para subir los impuestos y machacar a las clases media y medio-alta –el motor de la economía de este país– les faltó tiempo, pero hemos pasado el ecuador de la legislatura y no tenemos la menor idea de si el Estado se ha unido al esfuerzo y en qué medida, y lo que se ve suena más bien a marketing político y fachada que a un esfuerzo real. Quitando los funcionarios, que encima son los que menos se lo merecen y en quien siempre recae la austeridad del Estado, no vemos que se haya hecho mucho esfuerzo por otros sitios. Y me temo que si no le dan publicidad es porque han hecho más bien poco.

Desgraciadamente, cuando The Economist entra en detalles de países concretos, el informe no entra en España, pero si en Italia o Francia, que son casos parecidos. Es más, teniendo en cuenta que España es un curioso caso de elefantiasis administrativa en el que conviven tres administraciones con sus respectivos parlamentos, diputaciones, instituciones, fundaciones, empresas públicas, el senado y Dios sabe que más, nuestra capacidad de reducción de gasto y venta de activos improductivos sería seguramente superior. Pero volvamos a “lo que hay”. Las cifras dan miedo: por ejemplo, el gasto público en Francia representa ¡el 57% del PIB!

Cuando el Estado hace régimen elimina grasa, pero cuando les obliga a hacerlo a ciudadanos y empresas lo que elimina es músculo.

 

Y en Italia, The Economist calcula que el valor de las empresas públicas es de 0,23 billones de dólares y que el de los activos no financieros (inmobiliarios, etc.) es de 1,6 billones de dólares. Dado que toda la deuda pública del estado italiano es de 2,7 billones de dólares, en el hipotético caso de que se vendieran todas las empresas públicas y todos los activos no financieros en manos del Estado, la deuda publica bajaría a la increíble cifra de 0,87 billones desde los 2,7 actuales.

Obviamente esto es imposible, aunque en el estudio creo recordar que ya se ha eliminado lo que obviamente no se puede ni debe vender –El Coliseo o las ruinas romanas, por ejemplo–, aun así, aunque sólo vendiera la mitad de lo anterior, la deuda pública bajaría a 1,7 billones de dólares. Eso en el país europeo con mayor ratio de deuda pública/PIB. Y sin considerar reducciones de gastos innecesarios e improductivos, que seguro que en Italia no son mucho más pequeños que aquí.

Traslademos esta situación al caso español. La deuda pública está en el entorno de los 900.000 millones de euros. El propio gobierno reconoce que podría realizar una ‘poda’ de gastos del Estado de 35.000 millones de euros mediante la racionalización de los mismos. Pero en estos cálculos no incluyen –ni se les pasa por la cabeza– pasar de un Estado autonómico a uno federal, eliminando las duplicidades del autonómico actual, o todo lo contrario: una mayor centralización. A mí como economista me da igual una opción o la otra, pero lo que no puede ser es que por falta de decisión política tengamos un 40% de paro juvenil a cambio de mantener un Estado que no nos podemos permitir.

Porque, señores: si a la racionalización de gastos añadimos una cifra parecida a la italiana en cuanto a venta de activos se refiere –y me refiero a la mitad del valor, para ser realista– nos ahorraríamos unos 50.000 millones de euros en intereses de deuda. ¿Saben lo que significa que ese dinero ahorrado se devolviera a las empresas y ciudadanos bajando impuestos? Multiplicar exponencialmente el consumo y la inversión productiva y, como consecuencia, la creación de empleo. Y el subsiguiente aumento del PIB y del empleo aumentaría a su vez la recaudación, de forma que se entra en un círculo virtuoso de menor deuda, más crecimiento y más empleo. No haría falta volver a vender nada (hasta que llegue otro político dispuesto a endeudarnos hasta las cejas para ser reelegido, claro, pero eso a lo mejor se puede evitar, como veremos más adelante).

Frente a lo de “el dinero público no es de nadie” de la ex ministra Carmen Calvo, yo digo “la patata, a la pila”. No podemos permitir que, por no vender un solar o mantener a no sé cuántos senadores y su sequito, nuestros hijos estén en el paro. ¿Cuánto vale la plata del Estado, sea empresarial o inmobiliaria, frente a una familia con todos sus miembros en paro? ¿Realmente merece la pena tener tres administraciones si el precio va a ser condenar a una generación o varias de españoles al ostracismo?

Yo digo, como en los ordenadores: NO A TODO. Y no sólo lo digo. Tengo la sana intención de buscar y unirme a otros ciudadanos y profesionales para generar presión para que, a partir de ahora, quien maneje nuestro dinero se vea obligado a pensar como nuestro empresario catalán, y no como quienes construyeron aeropuertos en medio de la nada o crearon –y ahora mantienen– un Estado elefantiásico cuyo coste está destruyendo nuestro futuro. Hemos visto muchos ejemplos de lo que puede hacer la sociedad civil a través de las redes sociales. Hace poco lo vimos a pequeña escala en nuestro sector cuando el valiente  @martinhuete removió conciencias en relación con la abandonada industria de los fondos de inversión. Cuidemos y midamos al milímetro cómo se gasta nuestro dinero, porque, señora Carmen Calvo, el dinero público –y los impuestos– sí es de alguien: de los ciudadanos españoles. Y de sus descendientes.

¡Que pasen un buen fin de semana!

(*) En terminología anglosajona,  “trillion” no equivale al trillón europeo y latino, sino a nuestro “billón”. En otras palabras, cuando un anglosajón habla de “one billion” se refiere a mil millones, que es como presenta las cifras The Economist en el estudio que sirve de referencia e inspiración/recordatorio a este artículo.

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